El acto, que ha contado con la presencia de representantes del Ministerio de  Justicia, del mundo de la discapacidad y de UNESPA, que representa a más del 90% del sector asegurador en España, ha comenzado con un emotivo recuerdo del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, a las víctimas del atentado perpetrado el pasado viernes en París. Además, al término del mismo se ha celebrado a las puertas del Ministerio un minuto de silencio en memoria de los afectados.

 

La directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha recordado que el jurado de estos galardones “ha valorado la aportación decisiva del Ministerio de Justicia para que esta iniciativa legislativa viera finalmente la luz en un proceso dialogado y constructivo con todos los grupos de interés de cocreación normativa”.

 

Por su parte, el titular de Justicia ha señalado que “el régimen que regula estas indemnizaciones tenía que ser más afinado y ajustado a la realidad”, y ha destacado que “el mérito es haber sabido priorizar este asunto en la agenda del Gobierno”, algo a lo que en su opinión ha contribuido activamente la sociedad civil, empezando por el CERMI, las asociaciones de víctimas de accidentes y los representantes del mercado asegurador.

 

Además, Catalá ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento, y ha señalado que no es un trabajo sólo suyo, sino del anterior equipo de Alberto Ruiz-Gallardón e incluso de gobiernos anteriores. “Durante esta legislatura es cierto que ha habido un trabajo intenso para conseguir que las reformas que España necesita y ha necesitado estuviesen orientadas a las personas”, ha agregado.

 

El ministro ha incluido en este tipo de medidas no sólo el nuevo baremo que entrará en vigor en 2016, sino también la reforma del Código Penal o el Estatuto de la Víctima del Delito. Eso sí, ha calificado el nuevo sistema de valoración de daños como “una de las piezas más importantes de las reformas del Ejecutivo en Esta legislatura”.

 

Por otro lado, el presidente del CERMI ha declarado que aunque las administraciones públicas deben cumplir con su obligación de proteger e impulsar los derechos de todas las personas, sí es conveniente premiar a las administraciones, personas e instituciones “que van más allá de su obligación, hacen el bien y extienden el bien colectivo”.

 

En esta línea, ha resaltado que “entendemos que el Gobierno en su conjunto y el Ministerio de Justicia en particular fueron decisivos para que una antigua demanda de la discapacidad como era la actualización del baremo fuera actualizado y sustituyera al obsoleto sistema actual”.

 

Pérez Bueno ha concluido afirmando que  se ha dado una respuesta muy positiva a quienes sufran un accidente de circulación, sobre todo para aquellas que adquieran una discapacidad, y ha señalado que “se trata de que el accidente no sea la negación de sus derechos”.